Por Úrsula Mix Jiménez, Seremi de Gobierno, Región de Aysén
La crisis habitacional con la que recibimos el país no es un fenómeno estadístico, es una realidad que se vive en cada rincón de nuestra región, donde el acceso a la vivienda digna se ve desafiado por la geografía, los costos de transporte y la escasez de suelo urbano. Frente a este escenario, la decisión de extender la vigencia del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) hasta diciembre de 2029 no es una simple medida administrativa, sino un acto de responsabilidad social y política con las más de 600 mil familias que, a nivel nacional y regional, aún esperan una solución definitiva.
Desde que asumimos este desafío como Gobierno, la Ley 21.450 sobre Integración Social en la Planificación Urbana y Gestión de Suelo ha sido nuestro motor. Esta herramienta ha permitido acelerar procesos que antes tomaban años, facilitando la gestión de terrenos y simplificando trámites para que la construcción de viviendas no se detenga por temas burocráticos. En Aysén, hemos visto cómo esta normativa permite proyectar soluciones habitacionales con sentido de equidad, integrando a las familias a los centros urbanos y no desplazándolas a la periferia.
La ley de prórroga del Plan de Emergencia Habitacional se encuentra lista para ser promulgada, ya fue aprobada por unanimidad en el Congreso, extendiendo la vigencia de la Ley 21.450 hasta el 31 de diciembre de 2029, con el fin de dar certeza y continuidad a este Plan fundamental para la población.
Los proyectos habitacionales son procesos de largo aliento; una paralización por falta de vigencia del marco legal vigente sería un golpe devastador para los comités de vivienda que han trabajado incansablemente. Extender el plan permite que las obras en curso mantengan su ritmo y que los nuevos proyectos cuenten con la viabilidad financiera y técnica necesaria hasta su entrega.
Pero esta extensión también nos abre una ventana de oportunidad única. No se trata sólo de construir casas, sino de repensar nuestra política habitacional. El debate legislativo actual permite analizar qué medidas excepcionales de este plan —como la gestión simplificada de suelo— debieran transformarse en políticas permanentes. Debemos avanzar hacia modelos de vivienda que respondan a los cambios demográficos actuales y que sean sostenibles financieramente, especialmente en zonas extremas donde la construcción requiere un enfoque diferenciado.
En Aysén, la vivienda es soberanía y es dignidad. Al asegurar la continuidad del Programa de Emergencia Habitacional hasta 2029, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric reafirma su compromiso de no dejar a ninguna familia sola en este camino. La urgencia habitacional nos exige altura de miras y unidad: sólo con certezas jurídicas y planificación territorial con sentido social podremos saldar esta deuda histórica y transformar la vivienda en un derecho real para todas y todos los habitantes de nuestra Patagonia.
Fuente: Segegob Aysén
