La diputada Alejandra Valdebenito, respaldó la extensión hasta 2029 de la vigencia de la denominada “Ley del Mono”, iniciativa que busca que más familias puedan regularizar sus viviendas y contar con seguridad jurídica sobre un patrimonio construido, en muchos casos, durante años de esfuerzo.
“Regularizar no es premiar la informalidad. Es reconocer una realidad que existe y entregar seguridad jurídica a familias que han construido con esfuerzo el patrimonio de toda una vida”, señaló.
Valdebenito destacó que son miles las familias que han levantado, ampliado o mejorado sus viviendas con recursos propios, pero que aún viven en la incertidumbre por no contar con una regularización adecuada. En ese sentido, valoró que el proyecto permita extender el plazo de aplicación de esta normativa hasta 2029, facilitando que más personas puedan acceder a sus beneficios.
La parlamentaria recordó además el aporte del exsenador David Sandoval, quien fue uno de los principales impulsores de estas normas. “Él siempre planteó que regularizar no era simplemente hacer un trámite administrativo. Era permitir que las familias pudieran acceder a subsidios, mejorar sus barrios y, sobre todo, tener certezas respecto de su propio patrimonio”, afirmó.
Para Valdebenito, detrás de cada vivienda que busca regularizarse hay una historia familiar y años de esfuerzo que deben ser considerados por el Estado. “Desde la UDI hemos defendido siempre el valor de la propiedad, el esfuerzo de las familias y la necesidad de reducir una burocracia que muchas veces termina siendo un obstáculo para quienes quieren hacer las cosas bien”, sostuvo, agregando que “detrás de cada regularización hay una familia, una historia y un hogar que merece tener más tranquilidad y certezas para el futuro”.
La iniciativa considera, entre otros, la ampliación de la superficie máxima de las propiedades incluidas en el procedimiento de regularización y el costo de este trámite.
También, que un primer tramo a costo cero, para viviendas de 90 a 120 metros cuadrados, mientras que el segundo tramo, llegará hasta los 180 metros cuadrados. En este caso, el pago asociado a la regularización alcanzará el 50% del monto habitual de pago.
En cuanto a los plazos, dispone que las direcciones de Obras Municipales (DOM) deberán, dentro de los 60 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, revisar el cumplimiento de las normas urbanísticas de la respectiva petición.
