Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley impulsado por el Gobierno que modifica el calendario y las condiciones de implementación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, con el objetivo de asegurar una transición ordenada, eficiente y que resguarde la continuidad de la atención jurídica a la ciudadanía.
Dicha iniciativa propone reorganizar las tres etapas de implementación contempladas en la Ley N.º 21.780 en dos hitos. El primero se desarrollará en enero de 2028, en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso; mientras que el segundo, previsto para enero de 2029, incorporará a las diez regiones restantes del país.
En este sentido, la seremi Andrea Ponce explicó que “para nuestra región de Aysén, este es un avance muy importante, porque nos permitirá contar con una nueva institucionalidad que busca facilitar el acceso a la Justicia, especialmente para quienes enfrentan mayores dificultades para recibir orientación y apoyo jurídico. Sabemos que, en una región con las características geográficas de la nuestra, acercar estos servicios a las personas es fundamental. Por eso, valoramos la aprobación de este proyecto en la Cámara de Diputados, que permitirá adelantar la implementación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, avanzando hacia una atención más oportuna, cercana y eficiente”.
Esta modificación permitirá completar la instalación nacional del servicio diez meses antes de lo establecido originalmente y reducir de 30 a 12 meses el período de coexistencia entre la nueva institucionalidad y las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial, disminuyendo la duplicidad de estructuras y procesos administrativos.
El Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas busca integrar en una sola institucionalidad los servicios de información y orientación legal, asesoría y representación jurídica, el programa de atención a víctimas, y programas especializados actualmente implementados por las Corporaciones de Asistencia Judicial, además de la administración del sistema de mediación familiar junto a la promoción e implementación de mecanismos de resolución colaborativa de conflictos.
Finalmente, cabe mencionar que tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la iniciativa continuará su tramitación legislativa en el Senado.
