José Navarrete Oyarce, Director del Magíster en Tributación, Universidad Andrés Bello
El sistema tributario requiere, para su funcionamiento legítimo, algo más que normas claras y procedimientos eficaces. Necesita confianza. Esa confianza no se construye solo con leyes, sino con coherencia entre el discurso institucional y la conducta de quienes lo encarnan. Cuando una autoridad encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias incurre en omisiones prolongadas, el problema no es solo jurídico, sino político e institucional.
El director del Servicio de Impuestos Internos, que tuvo un primer período ya en el cargo entre 1990 y 2002, reconoció problemas en el pago de contribuciones por una propiedad no regularizada por nueve años. Más allá de las explicaciones técnicas, lo relevante es la señal que se proyecta hacia los contribuyentes. En el régimen actual, la responsabilidad de declarar y pagar recae en las personas, incluso cuando se trate de propiedades sin recepción definitiva. La inacción frente a esa responsabilidad, cuando proviene de quien dirige la entidad fiscalizadora, tensiona los fundamentos del principio de equidad ante la ley.
El argumento de que no hubo intención de eludir, o que se trata de una situación común en muchas zonas rurales, no es irrelevante, pero tampoco suficiente. El punto no es la existencia del error, sino su duración y el lugar desde donde ocurre. En tributación, las conductas toleradas en el ciudadano común no se extrapolan automáticamente a quienes ejercen funciones de alta dirección. La expectativa es distinta porque el impacto institucional también lo es.
Cuando la jefatura del SII incurre en este tipo de omisiones, el efecto no es solo reputacional. Se debilita el mandato ético de la administración tributaria y se abren espacios para relativizar el cumplimiento. Esa es la verdadera consecuencia: se erosiona, de forma lenta pero persistente, la convicción de que las normas aplican sin excepción.
El problema, entonces, no es únicamente individual. Es sistémico. La ley contempla mecanismos de regularización, pero también exige que el estándar de conducta de quienes están al mando sea proporcional a su responsabilidad. Lo que está en juego no es un monto impago, sino la credibilidad del sistema en su conjunto.
Fuente: UNAB
