La Comisión Interinstitucional de Supervisión de Centros Privativos de Libertad de Adolescentes (CISC-RPA), encabezada por la seremi de Justicia y Derechos Humanos de Aysén, Andrea Ponce Olivares, realizó sus visitas semestrales a los centros de detención juvenil de la región, correspondientes al LAE-IP, IP-IRC de Coyhaique y la Sección Juvenil del Centro de Detención Preventiva de Puerto Aysén, con el propósito de evaluar sus condiciones de funcionamiento y el debido resguardo de los derechos de adolescentes y jóvenes privados de libertad.
Esta instancia, contemplada en la Ley N° 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 1.378, de 2006, permite supervisar periódicamente las condiciones de habitabilidad, alimentación, salud, educación, seguridad, trato y programas de intervención, mediante visitas en terreno y la posterior formulación de observaciones y recomendaciones a las instituciones responsables.
La comisión es coordinada por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos y cuenta con la participación de representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, organismos colaboradores y representantes de la sociedad civil, quienes contribuyen desde sus respectivos ámbitos de competencia al desarrollo de esta labor de supervisión.
En esta oportunidad, las visitas contaron además con la presencia de representantes de la Defensoría de la Niñez en calidad de observadores, relevando el trabajo conjunto de las instituciones y el cumplimiento del principio de coordinación establecido en la Ley N° 18.575, mediante una labor interinstitucional orientada a la protección de los derechos de adolescentes y jóvenes sujetos a medidas o sanciones privativas de libertad.
Al respecto, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Andrea Ponce Olivares, señaló que “encabezamos esta visita de supervisión a los centros de justicia juvenil de Coyhaique y Puerto Aysén, donde actualmente se encuentran 14 jóvenes. Nuestro objetivo es verificar en terreno las condiciones en que cumplen sus medidas o sanciones, resguardando sus derechos y, especialmente, que cuenten con las oportunidades y herramientas necesarias para avanzar en sus procesos de reinserción social. Este trabajo interinstitucional es fundamental, porque creemos que una reinserción efectiva también contribuye a construir una sociedad más segura”.
Finalizadas las visitas, la comisión continuará con la evaluación de los antecedentes recopilados y la elaboración de las respectivas observaciones y recomendaciones, destinadas a contribuir al mejoramiento de las condiciones de atención y reinserción social juvenil en los establecimientos supervisados.
