Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos cumple cuatro años: tribunales de Aysén han ordenado pagos por más de $49 mil millones

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Este miércoles 18 de noviembre se cumplen cuatro años de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.389, que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. En este contexto, el Poder Judicial dio a conocer un balance de los resultados alcanzados, destacando el impacto de los mecanismos judiciales establecidos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimenticias.

Cifras de la jurisdicción de Coyhaique

En la jurisdicción de Coyhaique, que comprende los tribunales de la Región de Aysén, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos contabiliza 1.285 inscripciones vigentes al 17 de noviembre de 2026, lo que refleja la persistencia de obligaciones alimenticias impagas en la región. De acuerdo con las estadísticas del Poder Judicial, el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Aysén concentra 661 registros, seguido del Juzgado de Familia de Coyhaique, con 347; Chile Chico, con 108; Puerto Cisnes, con 102; y Cochrane, con 67.

Asimismo, desde la implementación de los mecanismos de cobro, los tribunales de la jurisdicción han ordenado pagos por más de $49.603 millones, de los cuales aproximadamente $39.454 millones corresponden al procedimiento especial y $10.149 millones al procedimiento extraordinario.

A nivel nacional, los 141 tribunales con competencia en materia de Familia han ordenado un total de 728.700 inscripciones en el registro, de las cuales 376.644 se encuentran vigentes y 352.056 han sido canceladas. Respecto de las inscripciones vigentes en el sistema administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, se registra una deuda total de $54.833 millones en pensiones de alimentos impagas.

En su balance, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, destacó la importancia del pago oportuno de las pensiones alimenticias para el desarrollo y bienestar de niños, niñas y adolescentes, junto con reconocer el trabajo desarrollado por los funcionarios y funcionarias de los tribunales con competencia en materia de Familia y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial para implementar estos procedimientos.

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