La diputada Alejandra Valdebenito manifestó su preocupación por el rediseño de las becas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), que afectaría a más de 800 nuevos estudiantes de la región de Aysén, tema que advirtió en la última sesión de la comisión de Zonas Extremas.
Al respecto, la parlamentaria, quien emplazó al director nacional de la Junaeb por el impacto de estas readecuaciones, señaló su inquietud por las consecuencias que los nuevos requisitos podrían tener para jóvenes que necesitan apoyo económico para continuar sus estudios superiores.
Entre las modificaciones que generan inquietud está la eliminación del Índice de Aislamiento Comunal, parámetro clave al momento de diferenciar el impacto territorial que tienen las becas en una región como Aysén versus Magallanes, sumado al aumento del promedio de notas exigido, de 5,0 a 5,5, con una ponderación del 35%, además de la incorporación del criterio de pertenecer al 80% del Registro Social de Hogares.
“Entendemos la compleja situación económica que enfrenta el país y valoramos que aumenten los recursos destinados a becas a nivel nacional. Sin embargo, cuando revisamos las cifras de nuestra región, la situación nos preocupa. No podemos hablar de más oportunidades si los cambios terminan dificultando el acceso a estos beneficios para nuestros jóvenes”, señaló.
Valdebenito recalcó que estudiar fuera de Aysén implica gastos adicionales para las familias, como pasajes, alojamiento, alimentación y manutención, además de la distancia de sus hogares. “Un joven no necesita solamente buenas notas para estudiar. Necesita recursos para salir de su región, trasladarse, vivir y mantenerse lejos de su familia. Esa es la desigualdad territorial que las becas deben ayudar a corregir”, enfatizó.
La diputada precisó que las modificaciones comenzaron a trabajarse durante la administración anterior, pero que su implementación corresponde al actual Gobierno. Por ello, anunció que está conversando con las autoridades para buscar alternativas que permitan revertir esta situación. “Estamos conversando con el Gobierno, con argumentos y propuestas concretas. Entendemos la responsabilidad fiscal, pero también tenemos la responsabilidad de defender las oportunidades de nuestros jóvenes”, afirmó.
Finalmente, la legisladora insistió en que las políticas de apoyo estudiantil deben considerar la realidad de las regiones extremas, donde los costos de traslado y mantención representan una dificultad adicional para acceder a la educación superior.
