Como una “amenaza seria para la democracia chilena” calificó el consejero regional Benjamín Infante la reforma constitucional impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, particularmente la creación de un nuevo estado de excepción de seguridad pública.
La propuesta permitiría al Presidente decretarlo inicialmente hasta por 120 días y renovarlo directamente por otros 120. Es decir, una zona podría permanecer hasta ocho meses bajo un régimen excepcional sin que el Congreso deba autorizar su continuidad. Solo las prórrogas posteriores requerirían acuerdo parlamentario. Durante ese período, el Ejecutivo podría restringir libertades de locomoción, reunión y asociación, además de interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones.
“Esto cruza una línea extremadamente peligrosa. Estamos hablando de entregar al Presidente atribuciones excepcionales durante ocho meses, debilitando el contrapeso del Congreso y afectando garantías que protegen la libertad y la privacidad de las personas. La democracia se debilita cuando comenzamos a considerar normales facultades que deberían ser absolutamente excepcionales”, señaló Infante.
El consejero sostuvo que cuestionar estas atribuciones no significa minimizar el problema del narcotráfico y el crimen organizado, sino discutir qué tipo de Estado necesita Chile para enfrentarlos.
“La alternativa no es elegir entre delincuencia o autoritarismo. Necesitamos un Estado mucho más fuerte, inteligente y tecnológicamente preparado, pero sometido a controles democráticos”, afirmó.
Para Infante, la prioridad debiera estar en construir capacidades permanentes de inteligencia criminal: integrar información de policías, Aduanas, Gendarmería, Fiscalía y organismos financieros; fortalecer el análisis de datos y la vigilancia tecnológica; seguir las rutas del dinero; anticipar el movimiento de organizaciones criminales; controlar efectivamente fronteras, puertos y cárceles; y concentrar las herramientas intrusivas sobre personas y organizaciones investigadas, con autorización y supervisión judicial.
“Si sabemos que las organizaciones criminales funcionan como redes, tenemos que construir un Estado capaz de ver esas redes. Seguir sus comunicaciones cuando corresponda judicialmente, sus movimientos financieros, sus vínculos territoriales y sus cadenas logísticas. Eso es inteligencia. Vigilar mejor al crimen organizado, no convertir a toda la sociedad en objeto potencial de vigilancia”, enfatizó.
A juicio del consejero, ese debiera ser el centro de una política moderna de seguridad: más tecnología, interoperabilidad de datos, inteligencia policial y financiera, capacidad investigativa y presencia territorial del Estado.
“Un Estado fuerte no es un Presidente sin contrapesos. Un Estado fuerte es uno que sabe dónde están las organizaciones criminales, cómo se financian, quiénes las protegen y cómo desarticularlas antes de que controlen un territorio. Podemos darle al Estado más ojos, más inteligencia y más capacidad, sin quitarle a la ciudadanía sus garantías constitucionales”, sostuvo.
Finalmente, Infante llamó a discutir con especial cuidado una reforma que, bajo la urgencia legítima de combatir la delincuencia, puede modificar profundamente la relación entre ciudadanía y poder político.
“La seguridad es indispensable para la democracia, pero no puede utilizarse para vaciarla desde dentro. Ocho meses de poderes excepcionales sin control parlamentario suficiente y con facultades para intervenir comunicaciones constituyen una señal de alarma. Chile necesita más Estado frente al crimen organizado; no un Presidente con menos límites”, concluyó.
