La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que modifica el criterio territorial para la adquisición de terrenos destinados a viviendas sociales, permitiendo que las familias pertenecientes al 40% más vulnerable del país puedan acceder a proyectos emplazados en una comuna distinta a la de origen, siempre dentro de la misma región.
Durante la discusión, la diputada por Aysén, Andrea Macías, valoró el avance de la iniciativa, señalando que representa una respuesta concreta a las dificultades que enfrentan regiones donde la disponibilidad de suelo y las condiciones geográficas han limitado históricamente el acceso a soluciones habitacionales.
“Desde las regiones lo decimos con claridad: la vivienda social no se construye solo donde el terreno es barato, se construye donde la vida es posible. Este proyecto reconoce que nuestras realidades territoriales son distintas y que las políticas públicas deben adaptarse a ellas”, afirmó la parlamentaria.
Macías ejemplificó la situación con el caso de Melinka, en la comuna de Guaitecas, donde durante 25 años no fue posible construir viviendas debido a restricciones administrativas asociadas a la disponibilidad de terrenos.
“No fue un problema de recursos, sino de una normativa que no entendía la geografía de Aysén. Recién en 2023, con la transferencia de terrenos fiscales a distintas comunas de la región, comenzó a resolverse una situación que por décadas afectó a cientos de familias”, indicó.
La diputada agregó que la modificación legal también abre nuevas posibilidades para comunas donde existe una alta demanda habitacional y escasez de suelo disponible. En ese contexto, recordó que solo en la comuna de Aysén existen cerca de 700 familias organizadas en comités de vivienda que aún esperan una solución definitiva.
No obstante, la legisladora enfatizó que el avance legislativo debe implementarse con criterios que resguarden la calidad de vida de las familias y eviten procesos de segregación urbana.
“Apoyamos este proyecto porque entrega más oportunidades, pero también creemos que debe aplicarse con responsabilidad. No podemos permitir que la vivienda social termine concentrándose en sectores alejados o con menor acceso a servicios. Construir viviendas también significa construir comunidad, integración y mejores oportunidades para las familias”, concluyó.
La iniciativa continuará ahora su tramitación en el Congreso, con el objetivo de facilitar el acceso a terrenos para viviendas sociales, considerando las distintas realidades territoriales que existen a lo largo del país.
