La Seremi de Gobierno de Aysén, Bárbara Ortúzar, valoró las medidas impulsadas por el Gobierno para fortalecer los estándares de transparencia y probidad en el ejercicio de la función pública, con la aplicación del test de detección de drogas mediante una muestra biológica de pelo, método más exigente disponible, a todas las autoridades designadas de la región.
La autoridad, que recientemente se sometió a este examen de pelo al igual que otros integrantes del gabinete regional que incluye a los Seremis de Desarrollo Social, Agricultura, Energía, Bienes Nacionales y MOP, entre otros, señaló que estas acciones responden a la necesidad de avanzar hacia una gestión pública cada vez más transparente y basada en hechos objetivos y verificables.
“Quienes ejercemos funciones públicas debemos actuar con probidad y transparencia tal como el cargo lo amerita. Más aún, si como gobierno queremos avanzar contra el narcotráfico, parte por nosotros demostrar que no tenemos vínculo alguno con las drogas y transparentarlo con hechos”, señaló.
“En Aysén hemos trabajado con una lógica de cercanía con las comunidades, cumplimiento de compromisos y presencia permanente en las distintas localidades. Esa confianza también se fortalece cuando las autoridades estamos disponibles para someternos a mecanismos de control que entreguen garantías a la ciudadanía respecto del ejercicio de nuestras funciones”, afirmó.
En este contexto, la autoridad explicó que el examen realizado corresponde al Screening Toxicológico en Pelo 3 Meses – 5 Drogas, una prueba capilar que permite detectar el consumo de sustancias durante un período de hasta 90 días. Este procedimiento corresponde al mismo tipo de examen utilizado por el Presidente de la República y otras autoridades nacionales como parte de las medidas orientadas a fortalecer la transparencia y la probidad en el ejercicio de funciones públicas.
Proyecto busca ampliar controles a otras autoridades
El Gobierno ha anunciado su intención de impulsar una iniciativa legal destinada a ampliar la aplicación de exámenes de detección de drogas a otras autoridades y representantes de elección popular. La propuesta busca extender estos mecanismos de control a cargos como parlamentarios, gobernadores regionales, alcaldes, concejales y candidatos, como parte de una agenda orientada a fortalecer la transparencia, la probidad y la confianza ciudadana en las instituciones.
