A raíz de la investigación que lleva adelante la Contraloría General de la República por un eventual uso irregular de un traslado aeromédico en la Región de Aysén -tal como publicó hoy el medio Emol- la diputada Alejandra Valdebenito abordó la situación, calificándola como un tema de alta sensibilidad para el territorio.
El caso —que involucra el traslado del hijo de la directora (s) del Hospital Regional de Coyhaique— ha generado preocupación en la región, considerando las dificultades de acceso a prestaciones de salud de mayor complejidad y la relevancia de los vuelos aeromédicos en zonas extremas.
“Este es un tema muy sensible para quienes vivimos en Aysén. Muchas familias han enfrentado situaciones críticas de salud con seres queridos y saben lo que significa necesitar un traslado urgente fuera de la región”, señaló la parlamentaria.
En esa línea, la diputada enfatizó que estos procesos están regulados por normativas y criterios clínicos, y que los recursos del Estado son limitados.
“Los traslados están protocolizados dentro de la macrored. Ahora, cuando las familias deciden trasladar a un paciente fuera de nuestra red, lamentablemente ese costo debe ser asumido de manera particular”, explicó.
Asimismo, advirtió sobre la gravedad que implicaría un eventual uso indebido de estos recursos, especialmente cuando se trata de autoridades con capacidad de decisión.
“No podemos permitir que recursos públicos tan críticos se utilicen para beneficios individuales, y menos aún cuando quienes intervienen en estos procesos tienen responsabilidades en su autorización”, afirmó.
La diputada subrayó la importancia de que la investigación avance con total transparencia, dada la fragilidad del sistema de salud en la región.
“Es fundamental que esta situación se investigue a fondo, para esclarecer si existió o no un uso o abuso del sistema. La ciudadanía necesita certezas”, indicó.
Finalmente, sostuvo que se deben adoptar medidas claras frente a este tipo de situaciones.
“Esperamos también que la ministra de Salud adopte medidas concretas y esclarezca esta situación. Estas situaciones generan indignación cuando se percibe que autoridades usan sus cargos para beneficio propio”, concluyó.
El caso ha reabierto el debate sobre equidad en el acceso a la salud y el uso de recursos públicos en territorios aislados como Aysén.
