El senador por la Región de Aysén, Miguel Ángel Calisto, hizo un enérgico llamado al Ejecutivo para que otorgue urgencia legislativa al proyecto de ley de su autoría que busca obligar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a transparentar su financiamiento. La ofensiva del parlamentario surge tras conocerse un revelador reportaje de TVN que expone cómo fondos provenientes de Noruega —principal competidor de Chile en el mercado global del salmón— estarían financiando a organizaciones que operan en la zona sur austral para frenar el desarrollo económico de la región.
Según los antecedentes expuestos en la investigación periodística, se han detectado millonarios traspasos de recursos hacia entidades que asesoran a comunidades en reclamaciones territoriales bajo la Ley Lafkenche.
Al respecto, el legislador fue enfático en señalar que “hemos conocido antecedentes respecto del financiamiento que está realizando el gobierno noruego a las ONG que trabajan con las comunidades de la zona sur austral”. Para Calisto, esta intervención extranjera tiene un objetivo claro: “estas comunidades llevan hoy día más de cuatro millones de solicitudes de hectáreas de mar, lo que evidentemente busca detener la actividad productiva en la zona sur austral, no solamente en la salmonicultura, sino que también del recurso bentónico, así como también la pesca blanca”.
El senador advirtió que es fundamental tomar medidas legislativas inmediatas frente a lo que considera una estrategia de “obstruccionismo” financiada desde el exterior. En ese sentido, planteó que existen dos pilares clave; el primero es la modificación de la Ley Lafkenche, la cual calificó como un freno al progreso regional. “Evidentemente no tiene ninguna lógica su aplicabilidad, tomando en cuenta que lo único que hace es obstaculizar el desarrollo de una industria que, en el caso de la salmonicultura, podría crecer entre dos o tres veces más de lo que hoy día existe”, sostuvo el parlamentario.
Como segunda medida, el legislador urgió el avance del proyecto de ley de su autoría, que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en la Comisión de Gobierno del Senado. Calisto explicó que esta iniciativa “busca transparentar el financiamiento de las ONG en Chile, de tal manera de conocer y saber quiénes son y cuáles son los intereses de otras industrias particularmente, que compiten con Chile a nivel internacional y que buscan desincentivar o afectar nuestras propias industrias nacionales”.
Finalmente, el parlamentario insistió en que “el país no puede seguir permitiendo que intereses económicos extranjeros operen bajo un manto de opacidad para incidir en las políticas públicas y en el destino productivo de las regiones del sur. La aprobación de esta ley permitiría que la ciudadanía y las autoridades identifiquen posibles conflictos de interés, asegurando que el debate sobre el uso del borde costero se base en la soberanía nacional y no en agendas financiadas por competidores internacionales”.
