Ante la resolución judicial el diputado Rene Alinco Bustos, recalcó que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia, y que su deber fiscalizador ha sido siempre denunciar ante los organismos competentes aquellas situaciones que pueden afectar la probidad en el manejo de recursos públicos.
“Cuando aún era gobernadora, presenté estos antecedentes en la Contraloría, del mismo modo en que lo hice respecto del alcalde Alejandro Huala, también electo como militante del Partido Socialista. La Contraloría realizó sus investigaciones, constató irregularidades y, finalmente, el Juzgado de Garantía determinó que esos hechos eran lo suficientemente relevantes para que el Ministerio Público los investigue”, señaló el parlamentario.
La ampliación se fundamenta en el Informe Final N° 877/2024 de la Contraloría Regional de Aysén, que detectó, entre otras irregularidades:
- Transferencias sin rendición de cuentas,
- Proyectos financiados que no se ejecutaron,
- Uso indebido de vehículos fiscales,
- Promoción política con recursos públicos,
- Pagos improcedentes con cargo al presupuesto regional.
El tribunal consideró que estos hechos podrían constituir delitos de fraude al fisco (art. 239 del Código Penal) y ordenó al Ministerio Público investigarlos.
Alinco subrayó que esta resolución es una señal importante: lo denunciado en la primera querella no era un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón de irregularidades que ahora deben ser investigadas en toda su magnitud.
Finalmente, insistió en que este proceso no tiene relación con las elecciones, sino que refleja una secuencia institucional clara: “Se presentan denuncias en Contraloría, se constatan hechos mediante un informe oficial y luego el tribunal dispone que el Ministerio Público los investigue. Así ocurrió con el alcalde Huala y ahora con la exgobernadora Macías”.
Fuente: Prensa Gestión Aysén
