Como Gobernador Regional de Aysén, manifiesto con profunda preocupación y firme rechazo el avance del proyecto de nueva Ley de Pesca, el cual ignora y pone en serio riesgo la principal actividad económica de nuestra región.
La propuesta del Gobierno busca reducir de un 85% a un 50% la proporción de las Licencias Transables de Pesca Clase A (LTPA) dentro de la fracción industrial. Esta medida implicaría una disminución acumulada superior al 50% de las cuotas históricas disponibles para las empresas pesqueras, agravando los impactos ya negativos de la recientemente aprobada Ley de Fraccionamiento.
Este proyecto constituye un golpe directo e insostenible para el futuro de la pesca industrial en la zona austral de Chile y, en consecuencia, para la sostenibilidad económica de la Región de Aysén. Pone en serio peligro cientos de puestos de trabajo, muchos de ellos sin posibilidad real de reconversión, y provoca un daño estructural a modelos cooperativos donde los propios trabajadores han invertido su capital y esfuerzo para mantener operativas sus fuentes laborales en un contexto cada vez más desafiante.
Además, amenaza la continuidad de empresas con más de cuatro décadas de historia en zonas extremas como Puerto Chacabuco y debilita gravemente la certeza jurídica y la confianza en las instituciones, al desconocer acuerdos y reglas previamente establecidas por el propio Estado.
Desde Aysén, una región con profunda vocación marítima, donde el desarrollo industrial pesquero ha sido clave para el arraigo territorial, la cohesión social y el crecimiento económico, hago un llamado urgente al Congreso Nacional y al Gobierno. Les pedimos revisar con responsabilidad y visión de Estado este proyecto de ley, y a su vez, que se informen con mayor profundidad sobre la realidad de los territorios australes de nuestro país.
No es aceptable que se siga legislando de espaldas a las regiones. Reiteramos nuestra solicitud de rechazar los artículos 54, 55, 57 y 59 del proyecto, ya que no sólo debilitan el desarrollo productivo en zonas aisladas como la nuestra, sino que también amenazan la estabilidad de cientos de familias trabajadoras, muchas de ellas organizadas en torno a modelos de propiedad compartida como la Cooperativa de Trabajadores de Friosur.
Aysén no puede continuar siendo una zona de sacrificio en cada nueva legislación. Exigimos una ley que reconozca la experiencia regional, respete nuestra historia productiva y fortalezca la sostenibilidad social, económica y ambiental de nuestra actividad pesquera.
Marcelo Santana Vargas
Gobernador Regional de Aysén
