Las investigadoras llaman a desarrollar políticas climáticas basadas en la evidencia científica disponible, con el fin de evitar amenazas a la biodiversidad nativa y el bienestar humano por decisiones que no toman en cuenta la complejidad de los ecosistemas.
En estos días, con las declaraciones y promesas del presidente Piñera en la Cumbre del Clima en Nueva York, y con la organización de la COP 25, Chile ha estado en el centro de la noticia por el cambio climático.
En ese contexto, la destacada revista Science publicó recientemente una columna redactada por Paz Durán y Olga Barbosa, ambas investigadoras de la Universidad Austral de Chile y del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), quienes advierten sobre la urgente necesidad de involucrar a la ciencia en las decisiones políticas. Si bien la carta “Seeing Chile’s forest for the tree plantations” se centra en las propuestas de mitigación por parte de la industria forestal, las expertas aseguran que este desafío es transversal a la política en los países de todo el mundo, por lo que llaman a dirigir los esfuerzos hacia una adaptación al cambio global que tenga resultados positivos.
En ese sentido, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), que se desarrollará en Chile en diciembre, significa una oportunidad histórica para las políticas públicas del país, que en la actualidad mantiene bajo revisión un anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático, donde una de las metas es alcanzar carbono neutralidad para el año 2050.
Ante esto, no es de extrañar que se hable, actualmente, de los objetivos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Es bajo este contexto que un sector productivo de gran importancia nacional, como es la industria forestal, promueve la plantación de monocultivos de árboles, nativos o exóticos, como mecanismo de mitigación al cambio climático.
Sin embargo, Durán y Barbosa aclaran que “se corre el riesgo de que decisiones que no incorporen evidencia científica multidisciplinaria provoquen efectos colaterales e incentivos perversos, afectando gravemente, entre otras cosas, la biodiversidad de los bosques chilenos”.
Por ejemplo, la Corporación Chilena de la Madera (CORMA) propone una adición de 2 millones de hectáreas de plantaciones, equivalente al 2,6% de la superficie continental chilena. Dada la definición operacional de “bosque”, que concibe de la misma manera al monocultivo y al bosque natural, el gobierno de turno reportaría dicha expansión de plantaciones como un aumento de cobertura boscosa, sin considerar las diferencias significativas entre ambos. Además, un proyecto de ley recientemente redactado para la “restauración ambiental” ofrece 37,5 millones de dólares anualmente para subsidiar plantaciones forestales por 20 años.
“Chile está listo para promulgar estas políticas a pesar de una fuerte evidencia que enlaza tales plantaciones a aumentos de incendios, sequías, extinciones de biodiversidad local, conflictos humanos y la pérdida de bosque nativo”, expresan las científicas, quienes piden que Chile reconozca oficialmente, ante este escenario, “la contribución de los bosques naturales nativos hacia los objetivos climáticos y al desarrollo sustentable.
Además, agregan que “el recientemente establecido Ministerio de la Ciencia debería guiar activamente una adaptación basada en evidencia de este sector productivo para nuevas necesidades de mitigación”.
De esta manera, “para hacer una contribución efectiva a la mitigación de gases de efecto invernadero, la industria silvícola deberá adaptarse a los desafíos y necesidades del siglo presente y futuro, logrando así construir capital, al mismo tiempo que genera beneficios sociales y ambientales”, concluyen en la carta.
Fuente: ieb-chile
